En una nueva entrega de su análisis sobre la situación política que enfrenta el sector del juego en México, los abogados Alfredo Lazcano y Andrea Avedillo, de la firma Lazcano Sámano S.C., enfocan su atención en las acciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) respecto a la problemática de las apuestas.
Parte 3: A la espera de una nueva ley
Recordemos nuevamente las acciones que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se comprometió a emprender en materia de juegos y sorteos durante la presente administración, según el Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024, al que hicimos referencia en la Parte 2 de esta serie. En esta tercera entrega, nos gustaría centrarnos en el hecho de que la SEGOB estableció como acción prioritaria “desarrollar y proponer un proyecto de Reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, que considere el avance tecnológico y los cambios sociales”.
Desafortunadamente, hasta la fecha, la SEGOB no ha desarrollado ni propuesto proyecto alguno de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos (Ley) y su Reglamento, que contemple los enormes avances de la tecnología y la continua evolución de la sociedad desde que se concibió el actual marco legal mexicano en la primera mitad del siglo XX.
A menos de seis meses de concluir el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos visto cómo han cambiado los directores generales de juegos y sorteos, lo cual genera inestabilidad y falta de rumbo para nuestro sector, además de contravenir las mejores prácticas internacionales que norman cierta permanencia y profesionalización del ente regulador.
Por ejemplo, entre 2018 y 2019, el primer director, el doctor Juan Gabriel Coutiño Gómez, trabajó diligentemente en una “Propuesta de nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos” que regularía de manera integral y actualizada el juego presencial y en línea. En esos tiempos todo parecía un excelente inicio para el nuevo gabinete presidencial de López Obrador; sin embargo, dicha propuesta nunca logró salir de la SEGOB, mucho menos ser discutida en el Congreso de la Unión.
Otro caso que vale la pena recordar data de principios del año 2021. La tercera directora, la maestra Alma Itzel de Lira Castillo, se mostró abierta al diálogo y dispuesta a la colaboración a través de la organización del simposio “Innovación en el sector de Juegos y Sorteos, propuesta de una Nueva Ley Federal”. No obstante, a pesar de que el objetivo del simposio era la discusión de los temas urgentes del sector para diseñar el proyecto de ley de juegos, éste nunca se volvió realidad. Más aún, en agosto de 2021 se sometió a dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un proyecto de “Lineamientos en materia de Juegos y Sorteos, y cualquier actividad en la que medie apuestas”, el cual no sólo no resolvía las preocupaciones expuestas por miembros de la industria de juegos, sino que parecía agravarlas. Aunque creemos que la intención fue loable, lamentablemente los resultados no fueron beneficiosos para nadie.
Sobre los demás reguladores de juegos, basta realizar una búsqueda rápida en Internet para leer los titulares de las noticias que llevan sus nombres (por ejemplo, Manuel Marcué Díaz) y darse cuenta de que, al parecer, su compromiso como titulares de la Dirección General de Juegos y Sorteos no era precisamente la modernización del marco legal que regula esta actividad.
Por último, el actual director, el licenciado Leonardo Manuel Figueroa Martínez, con escasos meses de experiencia en el cargo, aparentemente lideró el proyecto de Decreto a través del cual se reformó el Reglamento de Juegos que ha sido objeto de esta serie de artículos. No hace falta señalar que no sólo no se ha intentado reformar la Ley ni su Reglamento como se determinó en el Programa Sectorial de Gobernación, sino que, en lugar de contar con una regulación que “considere el avance tecnológico y los cambios sociales”, hemos regresado a una situación normativa representativa de 1947.
Esperemos que en los meses de trabajo que quedan, podamos contar con un proyecto de reforma a la Ley acorde con la realidad del sector que, por un lado, respete las más elementales libertades humanas como el derecho al libre desarrollo de la personalidad (para aquellas personas que buscan entretenerse con la oferta de juegos y sorteos mexicana) y la libertad de comercio o de trabajo (para aquellos empresarios o trabajadores de esta actividad que contribuyen económicamente con el país), y, por otro lado, refleje la tendencia mundial a permitir la realización de juegos con apuesta mediante una regulación eficaz.
